Cooperativas Agroalimentarias de Granada ha puesto en marcha un servicio de gestión del canal de denuncias, que se prestará desde el departamento jurídico de la Federación, para que las cooperativas puedan ajustarse a lo dispuesto en la Ley 2/2023, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. Se trata de una norma estatal que incluye la obligación de todas las empresas nacionales de entre 50 y 250 empleados de activar un canal de denuncia antes de diciembre de 2023.

Desde el departamento jurídico de Cooperativas Agroalimentarias de Granada han informado que el servicio incluye la elaboración de los protocolos, procedimientos de gestión de comunicaciones y resolución de denuncias en cada cooperativa, y que la prestación de este servicio de manera externa garantiza la formulación segura de dichos procedimientos, la protección de la privacidad de las personas involucradas y los datos contenidos en la denuncia.

Los protocolos y procedimientos recogerán, al menos, el registro de denuncias realizadas a la cooperativa, su admisión o no, el análisis y la investigación de la denuncia y su resolución por parte del Departamento Jurídico de la Asociación de Cooperativas de Granada.

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