Puntos clave de la situación agrícola en Granada:
- Zonas excluidas de los fondos: El Real Decreto-ley 5/2026 de ayudas gubernamentales por los destrozos de la lluvia y las graves inundaciones deja inexplicablemente fuera a las comarcas de Los Montes, La Alpujarra, Guadix, Baza y Huéscar.
- Productores afectados: Más de 17.600 agricultores y ganaderos, socios directos de 34 cooperativas agroalimentarias, no podrán acceder a las ayudas directas estatales necesarias para reparar sus explotaciones.
- Impacto económico severo: La delimitación administrativa del decreto provocará que la provincia granadina deje de percibir alrededor de 63 millones de euros en indemnizaciones para paliar los daños en el campo.
- Respuesta unánime del sector: Cooperativas Agroalimentarias de Granada (FAECA) lidera la creación de un frente común institucional que culminará en una gran movilización provincial el próximo 18 de marzo de 2026.
Tras la devastación sin precedentes causada por los recientes episodios de fuertes lluvias y temporales continuados que anegaron amplias zonas agrícolas de Andalucía, el sector agrario granadino enfrenta un nuevo y severo revés administrativo. Cooperativas Agroalimentarias de Granada (FAECA) ha acordado un riguroso y urgente calendario de actuaciones tras mantener reuniones extraordinarias con los alcaldes de las comarcas afectadas y los presidentes de las cooperativas agrarias de la provincia.
El objetivo principal de este encuentro de alto nivel ha sido analizar exhaustivamente las consecuencias derivadas de la exclusión de extensas zonas de la provincia de Granada del decreto de ayudas directas aprobado por el Gobierno de España (Real Decreto-ley 5/2026). Dicha normativa había sido diseñada, en principio, para mitigar los cuantiosos daños materiales y las pérdidas de rentabilidad que las lluvias persistentes y el desbordamiento de ríos han provocado en el campo andaluz durante el primer trimestre del año.
Comarcas excluidas del decreto de ayudas al campo: Un golpe económico de 63 millones de euros
Según los minuciosos informes y los datos técnicos manejados por la propia federación agraria, la actual delimitación administrativa impuesta por el decreto supone un perjuicio económico irreparable para el tejido productivo rural. Hasta 34 cooperativas ubicadas a lo largo de las comarcas de Los Montes, La Alpujarra, Guadix, Baza y Huéscar quedarían completamente al margen del acceso a las líneas de ayudas directas estatales habilitadas para la recuperación del potencial agronómico.
La gravedad de esta exclusión territorial radica en que afecta de manera directa a 17.600 agricultores y ganaderos, quienes constituyen los socios fundamentales y el pilar económico de estas entidades cooperativas. Los datos financieros subrayan el peso de este colectivo: estos productores declararon en el último ejercicio fiscal un total de 222 millones de euros de facturación conjunta, lo que sitúa la renta media aproximada en 12.600 euros anuales por agricultor.
De haber sido incluidos bajo el amparo de los planes de contingencia y las ayudas previstas para compensar las inundaciones y los severos daños climáticos, estos agricultores podrían haber recibido una inyección económica correspondiente a cerca de un 30% de dicha renta. En términos prácticos, esto se habría traducido en una media de 5.000 euros de ayuda directa por cada explotación agraria afectada.
Al analizar las cifras en términos macroeconómicos globales, dejar a estas cinco comarcas fuera del paraguas institucional representa una pérdida neta de 63 millones de euros para el conjunto de la provincia de Granada. Desde la directiva de FAECA advierten con suma preocupación que se trata de una cantidad de capital vital para la supervivencia a corto plazo de las explotaciones, las cuales ya venían sufriendo el lastre de rentas estructuralmente bajas y, adicionalmente, han visto cómo sus infraestructuras, caminos rurales y terrenos de cultivo quedaban arrasados por la intensidad del agua y el fango provocado por el temporal.
Creación de una plataforma conjunta y apertura de comisiones informativas en el territorio
Frente a esta crítica coyuntura normativa, el encuentro intercooperativo sirvió para establecer las bases de una sólida estrategia de resistencia conjunta. Las entidades agroalimentarias han ordenado la puesta en marcha de una serie de comisiones informativas territoriales que se desplegarán en todas las áreas damnificadas. Estas reuniones sectoriales comenzarán a llevarse a cabo en los próximos días y tendrán como propósito fundamental explicar, con total transparencia, el alcance real y las limitaciones del decreto gubernamental y sus repercusiones financieras directas a los agricultores de base, a los ayuntamientos y a las diversas organizaciones del sector productivo local.
Asimismo, durante el cónclave se acordó de manera unánime el impulso de una plataforma de acción unificada. Esta plataforma contará con la representación activa de los alcaldes de todos los municipios afectados (abarcando y uniendo a todas las sensibilidades de los distintos grupos políticos), miembros de las juntas rectoras de las cooperativas y líderes de las organizaciones del sector agrario. El propósito de este bloque institucional es trasladar la dura realidad física del campo andaluz con una voz unánime que exija rectificaciones inmediatas al ejecutivo central.
“Estamos hablando de miles de profesionales de la agricultura que han sufrido daños irreparables en sus medios de vida por la inclemencia de la lluvia y que, sin embargo, se quedarían fuera del sistema de ayudas por culpa de una delimitación estrictamente administrativa que no refleja, en absoluto, la realidad topográfica del territorio afectado. Por este motivo, vamos a trabajar codo con codo, de forma coordinada con alcaldes, cooperativas y representantes institucionales, para exigir con firmeza que esta injusticia se corrija cuanto antes”.
En su comparecencia, Torres hizo especial hincapié en la urgencia imperiosa de reevaluar la normativa vigente que rige el reparto de fondos: “Nuestro objetivo primordial es informar, movilizar a la sociedad y defender hasta las últimas consecuencias a nuestros agricultores. Además, resulta sangrante la casualidad de que las comarcas afectadas por esta exclusión son, precisamente, algunas de las que ostentan históricamente una menor renta agraria y las que han recibido un menor apoyo público estructural en los últimos años. Esto hace todavía más indispensable, si cabe, que se revisen de inmediato los criterios de asignación del decreto”.
Convocatoria oficial de movilizaciones del campo para el 18 de marzo de 2026
El intenso calendario asambleario y la estrecha coordinación institucional con los ayuntamientos de las áreas marginadas culminarán en una contundente acción de protesta a gran escala. Desde FAECA han anunciado formalmente la convocatoria de una gran movilización provincial programada para el próximo miércoles 18 de marzo de 2026.
Desde las oficinas de la federación han señalado que la logística de esta manifestación se está articulando y preparando de forma activa en estos precisos momentos. En los próximos días se irán concretando y haciendo públicos los detalles operativos de la convocatoria, aunque ya se anticipa que contará con un respaldo masivo de todo el conjunto del tejido agrario granadino, sumando el apoyo incondicional de los ayuntamientos e instituciones locales que han atestiguado en primera línea el devastador impacto meteorológico en sus términos municipales.
“La agricultura constituye el principal motor económico, y el verdadero pulmón de fijación de población social, de muchas de estas comarcas. Si nuestras explotaciones no perciben ahora el apoyo urgente y directo que necesitan para sobreponerse a los formidables daños sufridos, las nefastas consecuencias no recaerán exclusivamente sobre los hombros de los agricultores y sus familias, sino que se extenderán como una mancha de aceite hacia el colapso de toda la economía rural de nuestra provincia”, concluyó Fulgencio Torres, emitiendo un llamamiento final a la responsabilidad institucional del Gobierno para salvaguardar el futuro del sector primario andaluz.